La cultura de la corrupción goza de buena salud en Santa Cruz - El Portal de Salta

La cultura de la corrupción goza de buena salud en Santa Cruz

(Foto: DyN)A raíz de la incesante marea de arrepentidos que desató el escándalo de los cuadernos del chofer Centeno, se presentan un sinfín de interrogantes que debemos empezar a responder si queremos construir una nueva forma de hacer política y fundar una sociedad basada en el respeto a la ley, la confianza en la Justicia, y sobre todo en valores y principios inquebrantables que no permitan otro gobierno de mafias como el que hemos sufrido.Está claro que con una victoria de la fórmula Scioli-Zannini, en el 2015, ninguno de los ex funcionarios, empresarios, jueces, valijeros, secretarios, contadores y demás actores necesarios para el sistema de corrupción que se ha revelado estarían hoy presos o rindiendo cuentas a la Justicia. Muy por el contrario, seguramente esos «atorrantes» con berretines de aristócratas serían hoy impunes y seguirían saqueando cada vez más las arcas del Estado.Es evidente que no ha habido arrepentimiento sino interés de reducir sus condenas por parte de estos actores claves en la red de corrupción. Todo ello gracias a la aprobación de ley que introdujo la figura del imputado colaborador, la que no fue apoyada en aquel entonces, como era esperable, por el Frete para la Victoria (FPV). No hay remordimiento en ellos como tampoco habrá arrepentimiento, pues están convencidos de que la política es un medio para su beneficio personal y sus valores ausentes solo sirven a sus pusilánimes posibilidades.¿Qué trascendencia tiene esto? Para el país, mucha, ya que hay otra Argentina donde la Justicia no llega, donde los cabecillas de la organización mafiosa continúan operando con impunidad junto a sus colaboradores; otra Argentina donde no se cumple con la manda constitucional de asegurar la administración de Justicia al estar ausente toda persecución penal por actos de corrupción. Jueces amigos, militantes o familiares, fiscales puestos a dedo por socios de la organización, y así queda frustrada la democracia, que, como sabiamente se ha dicho, es mucho más que un sistema de mayorías.En Santa Cruz no hay fiscalías ni juzgados que investiguen, tampoco llega la Oficina Anticorrupción, ni la UIF ni la AFIP (la que durante tanto tiempo funcionó protegiendo a los corruptos), y ni siquiera un diario local se atreve a titular el nombre de un imputado colaborador o de Lázaro Báez o sus hijos presos. En Santa Cruz no cabe la figura del imputado colaborador. ¿Qué sentido tendría? Si no hay peligro de persecución penal, si no hay ley, si solo hay poder impune, ¿por qué deberían colaborar si todo vale, si es mejor ser delincuente que un individuo honesto, una sociedad donde, subvirtiendo los valores, el premio social lo reciben los primeros?Los Kirchner, los Báez, los Ulloa aún ostentan el poder, aún persiguen a los disidentes, aún compran impunemente diminutas consciencias, aún mantienen y renuevan prestanombres, y un entramado de testaferros que cada vez es mayor. Aún nombran jueces y fiscales; todo sigue intacto con los mismos vicios, las mismas artimañas, pero con nuevos personajes que, sin vergüenza y sobre la miseria de una provincia devastada, siguen moviendo patrimonios que no pueden explicar y, lo que es peor, sobre los que nadie les pide explicaciones.Mientras tanto la Justicia Federal de la Capital intenta encontrar el dinero de la corrupción, cuando debería ser investigada en ese carril la actuación que desempeña o que no desempeña el organismo fiscalizador sobre estos testaferros, que son para los santacruceños un secreto a voces. Magníficos edificios que se levantan cambiando la silueta de la ciudad repentinamente; redes de comercios y empresas cuyas facturaciones deberían ser cotejadas para analizar si son un medio utilizado para el lavado; personajes seculares de la economía informal que no se sabe cómo o de qué manera pueden realizar importantes inversiones cuando nunca registraron actividades ante el fisco; empleados provinciales, familiares y militantes que de pronto se convierten en inversores o empresarios. Muchos santacruceños sabemos que una parte relevante del dinero de la corrupción que la Justicia Federal busca está a la vista de todos, con el presunto paraguas de los organismos de control y, sin duda, de la Justicia Penal provincial.A los santacruceños de bien, a los que todos los días trabajan y con esfuerzo forjan una nueva Santa Cruz solo nos resta esperar la acción de la administración federal, pues Santa Cruz carece de instituciones que permitan detener a la mega asociación ilícita que ha evidenciado el Gobierno kirchnerista. Muy por el contrario, dichas instituciones en su generalidad y especialmente en sus puntos clave en realidad sirven para perpetuar la impunidad.El interrogante es si la institucionalidad de la República tiene la potencia y el alcance para conjurar el quebrantamiento de la ley por los gobernantes con el daño inmenso que ello implica para la democracia y el bienestar del pueblo, o si cualquier caudillo provincial, como en este caso, puede subvertir las instituciones sin que exista un remedio para ello, y mantener así una formidable asociación delictiva al margen de la Constitución.La autora es diputada nacional por Santa Cruz (UCR-Cambiemos).

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Fuente: ARGENTINA | https://www.infobae.com
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