La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se propicia que los conductores que provoquen un accidente automovilístico estando alcoholizados o habiendo consumido estupefacientes, abonen el costo de las prestaciones sanitarias que se realicen en los efectores de Salud Pública de la Provincia.
La normativa, faculta al Ministerio de Salud Pública, a través del organismo correspondiente, a efectuar los trámites correspondientes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública, conforme a la responsabilidad que al respecto establezca la autoridad competente. Quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios de conformidad a lo que determine la reglamentación.
Ante la falta de pago por parte de los obligados y transcurridos sesenta (60) días corridos desde la facturación del arancel, o ante el incumplimiento del servicio comunitario de conformidad a lo que determine la reglamentación, la Autoridad de Aplicación y/o los Efectores de Salud Pública que ella disponga, emitirán un certificado de deuda que constituirá título ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 533 inciso 7 de la Ley N° 5.233 y sus modificatorias.
El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y condiciones para implementar las disposiciones de la presente ley.
Los legisladores coincidieron en que, si bien en la provincia se avanzó en materia legislativa para la prevención, y que en Salta rige la Ley Nº 7846, que establece la prohibición de conducir alcoholizado, existe una creciente siniestralidad ocasionada por este factor, razón por lo cual, más allá de las sanciones previstas actualmente en las normas específicas, merecen que los responsables asuman las consecuencias económicas de dichos actos.
El dictamen aprobado acumuló iniciativas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Fue remitido al Senado por unanimidad del Cuerpo.
Fuente: La Hora de Salta | Política
