¿Quién defiende al pueblo? - El Portal de Salta

¿Quién defiende al pueblo?

La Defensoría del Pueblo de la Nación está vacante desde 2009. Mucho tiempo como para exculpar al Congreso de la responsabilidad de no haber dado cumplimiento a un mandato constitucional. El anterior Gobierno, ufano por su compromiso con los derechos humanos, impidió que se cubriera el único cargo de la Constitución previsto, precisamente para proteger los derechos humanos. De su parte, el actual Gobierno, a pesar de su pretensión de mejorar la calidad de las instituciones y de los organismos de control, no ha hecho ni lo mínimo imprescindible para cubrir esa falencia. La premura que se puso para llenar los cargos de la Corte Suprema de Justicia no se imitó para designar al Defensor del Pueblo, a pesar de su enorme importancia y su rango constitucional.El problema es que se quiere hallar una solución política a un problema que no es político. La elección del Defensor o Defensora del Pueblo debe recaer en persona de prestigio moral, más allá de la política partidaria. Este instituto no fue concebido para gobernar, sino para proteger derechos, no tiene poder y ejerce una magistratura de opinión y de persuasión, de modo que su designación debe estar inspirada en la idea de dar voz a los que no la tienen, y no en llegar a un acuerdo de distribución de poder. La Constitución requiere una mayoría calificada de dos tercios para su designación; es imposible que el Congreso no pueda a hallar una mujer u hombre dignos en la Argentina, sin compromisos políticos, para desempeñar esa función.La acefalía de nuestra defensoría del pueblo registra un verdadero récord en la región; ningún otro país ha demorado tanto en cubrir un cargo de esta naturaleza.El Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) ha expresado reiteradamente su preocupación por esta situación, lo mismo que organizaciones de la sociedad civil, y fue la propia Corte Suprema de Justicia quien exhortó al Congreso a cumplir con la manda constitucional porque esta incomprensible vacancia supone un inicuo desinterés de nuestros gobernantes desde 2009 hasta el presente por proteger y promover los derechos humanos.Recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lamentó que la vacante del Defensor del Pueblo que tiene responsabilidades claves para los derechos económicos, sociales y culturales no se haya resuelto a pesar de una recomendación que este organismo había hecho en 2011, y recomendó para su selección y nominación la aplicación de un proceso claro, transparente y participativo.Este repudiable incumplimiento constitucional guarda coherencia con otros de semejante naturaleza. En la escala nacional, en la Argentina existen cuatro defensorías con autonomía funcional y administrativa y cuya designación depende del Congreso nacional, además de la Defensoría del Pueblo de la Nación (artículo 86 de la Constitución nacional): la Procuraduría Penitenciaria (ley 25875 del año 2004); la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26061 del año 2005) y Defensoría del Público (ley 26522 del año 2009). Todas están vacantes.Es evidente que no es solo porque los gobiernos argentinos no quieren ser controlados; es mucho más grave, se trata de una negación sistemática a garantizar la defensa de los derechos. Las defensorías del pueblo (y todas estas lo son técnicamente) fueron concebidas fundamentalmente para proteger derechos que pueden ser eventualmente ser violados y, en consecuencia, cuando desde el poder político se manifiesta semejante incuria, puede llegarse a concluir que los derechos de las personas no figuran en la agenda de la política argentina. Y esto es muy grave porque amenaza desde sus mismas bases a la República, porque la res publica es la cosa del pueblo y aquí al pueblo no hay quien lo defienda de acuerdo con el precepto constitucional.El hecho más reciente fue la designación de parte de una comisión bicameral del Congreso de una persona para que se haga cargo de la Defensoría del Público. Parece ciertamente insólito que la comisión acuerde designar a un funcionario a cargo y no proponga la terna que requiere la ley para designar a su titular.¿Hasta cuándo se va a sostener esta situación? Debe reconocerse que esta ignominiosa omisión no le trajo mayores consecuencias a nadie; más aún, se está logrando que con el transcurso del tiempo se disfume hasta la figura de estas instituciones inspiradas en la bien intencionada idea de que tengamos una democracia mejor y una administración más justa. No es tan difícil imaginar que con una Defensoría del Pueblo se podrían superar algunos de los problemas que plantea nuestra acuciante realidad y el encarrilamiento de otros que no tienen un mediador de calidad que contribuya a restablecer equidad y confianza.El autor es presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo (ILO).

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Fuente: ARGENTINA | https://www.infobae.com
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